La República Democrática del Congo (RDC) y el grupo terrorista Movimiento 23 de Marzo (M23) suscribieron este martes en Doha, Qatar, un acuerdo de supervisión del alto el fuego, en un nuevo intento por encaminar el proceso de paz y poner fin a más de dos décadas de violencia en el este del país africano.

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El Ministerio de Comunicación congoleño confirmó a través de la red social X que representantes del Gobierno y de la Alianza Río Congo/M23 rubricaron el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese de Hostilidades, con la mediación del Gobierno catarí.

Este compromiso surge tras meses de negociaciones en Doha, que comenzaron en abril, y busca reactivar el proceso luego del incumplimiento del plazo fijado para agosto en el marco de la Declaración de Principios firmada el pasado 19 de julio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el nuevo mecanismo estará compuesto por delegados de las partes, así como observadores de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y de la Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (MONUSCO). También se prevé la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como intermediario neutral en la identificación y liberación de prisioneros.

El Gobierno de Kinshasa destacó que la firma del acuerdo representa un “paso significativo” en la aplicación de la hoja de ruta acordada en Doha y reafirmó su compromiso con la paz, la seguridad civil y la reconstrucción institucional en las provincias orientales.

El documento establece la creación de equipos técnicos encargados de verificar el cumplimiento del alto al fuego, aunque los detalles sobre su implementación aún no fueron divulgados. El mecanismo busca garantizar un monitoreo real de la tregua en una región donde persisten tensiones entre el Ejército y grupos armados.

La Declaración de Principios de julio ya había establecido compromisos clave, como el respeto a un cese permanente de hostilidades, la prohibición de ocupar territorios por la fuerza y la elaboración de un plan para restablecer la autoridad estatal en el este del país, pero los plazos previstos para su ejecución no se cumplieron.

El conflicto entre el M23 y el Ejército congoleño, denunciado por la ONU por su vínculo con Ruanda, se intensificó a comienzos de año, cuando la milicia tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y posteriormente avanzó sobre Bukavu, en Kivu del Sur, zonas estratégicas por su riqueza en minerales utilizados en la industria tecnológica.

La reanudación del diálogo fue posible tras la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo bilateral entre la RDC y Ruanda, con mediación de Estados Unidos. Ese pacto buscó abordar la dimensión regional del conflicto y fue complementado con la Declaración de Doha y ahora con este nuevo mecanismo de verificación.

Uno de los temas más delicados sigue siendo el retorno de los refugiados congoleños que huyeron a países vecinos. Mientras el Gobierno exige una identificación previa para garantizar su seguridad, el M23 reclama un retorno incondicional, lo que amenaza con ralentizar el proceso de paz.

El acuerdo firmado en Doha refuerza la esperanza de avanzar hacia una solución política y duradera, aunque los desafíos humanitarios, la desconfianza entre las partes y la fragilidad de los compromisos previos mantienen la incertidumbre sobre el futuro de la región.

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